Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

Aborto y derechos humanos

Posted by clddhh.ucv en noviembre 24, 2011

Serviliano Abache Carvajal

Profesor de Argumentación Jurídica, Universidad Católica Andrés Bello

s.abachecarvajal@abacheblanco.com

El siempre polémico tema del aborto ha sido objeto de estudios de distintas índoles y enfoques, tanto para respaldarlo como para rechazarlo. En las líneas que siguen, nuestro propósito es intentar demostrar —muy brevemente, dadas las claras limitaciones de espacio— que el mismo es concebible como un derecho humano de la mujer, desde la óptica de los tratados de derechos humanos (TDH). La habilitación de nuestra propuesta reside en la interpretación extensiva y progresiva de los derechos humanos que ordena el principio pro homine, por un parte, y por la otra, en la interpretación sistemática de la propia Constitución venezolana, que también permite, en nuestra opinión, caracterizar el aborto como un derecho humano de la mujer. Empecemos por los TDH.

El derecho a abortar es concebible como una manifestación de los derechos humanos a la vida digna, a la vida privada, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la salud general, a la salud reproductiva de la mujer en lo particular y a la protección familiar, los cuales se encuentran expresamente consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESyC), Protocolo Adicional a la CADH en materia de DESyC (Protocolo de San Salvador), Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDM), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CTOTPCID), y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionarla Tortura (CIPST).

Una de las notas características del derecho a la vida (vid. arts. 4 CADH, 6.1 PIDCyP, 3 DUDH y I DADDH), como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vid. sentencia sobre el fondo en el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) v. Guatemala, de 19 de noviembre de 1999, párrafo 144, consultada en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.doc, 21 de noviembre de 2011), es que dicha vida tenga una existencia digna, elemento que no podría predicarse en relación a la vida de una mujer que esté legalmente imposibilitada a abortar, viéndose obligada a dar a luz a un niño no deseado, máxime si se trata, por ejemplo, de uno concebido de una violación.

Por otro lado, las decisiones alrededor de la autonomía procreativa o reproductiva de las mujeres forman parte, sin lugar a dudas, del derecho a la vida privada (vid. arts. 17 PIDCyP, 11 CADH, 12 DUDH y V DADDH), de lo que se infiere que al ser el aborto una posible faceta integrante de la decisión de engendrar o no un hijo, el mismo se encuentra, bajo esa óptica, amparado por las normas de los TDH que expresamente consagran el derecho humano a la vida privada o íntima.

También resulta palpable que, como corolario del derecho humano a la integridad física, psíquica y moral (vid. arts. 5.1 CADH y I DADDH), así como del derecho al libre desarrollo de la personalidad (vid. art. 22 DUDH), las mujeres tienen el derecho humano a abortar en tanto manifestación de sus derechos reproductivos, lo que a la postre materializaría de manera efectiva los anteriores derechos en el marco de la autonomía procreativa de la mujer y de la elección a la maternidad.

De otro lado, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a no ser sometido a torturas, aparte de ser un derecho humano de expresa regulación (vid. arts. 7 PIDCyP, 5.2 CADH y 5 DUDH; así como los tratados especiales sobre la materia, a saber: (i) la CTOTPCID y (ii) la CIPST), constituye una manifestación del derecho a la integridad personal, recién comentado, en tanto que su efectiva garantía está dirigida —precisamente— a salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de la persona, que por palmarias razones no sería protegido ante la práctica de un aborto clandestino.

La concepción del derecho a abortar, como una manifestación del derecho a la salud (vid. arts. 12.1 PIDESyC, 10.1 Protocolo de San Salvador y XI de la DADDH) y del derecho a la salud reproductiva de la mujer (vid. arts. 12.1 CETFDM y VII de la DADDH), a su vez comprensivo del derecho a la sexualidad y a la autonomía sexual, está, por un lado, íntimamente ligado al derecho a la integridad (física y psicológica) ya comentado y, por el otro, está enmarcado dentro de la asistencia médica en general (vid. art. XI de la DADDH), así como en la asistencia médica de las mujeres en estado de gravidez en particular (vid. art. VII de la DADDH).

Finalmente, también en garantía del derecho humano a la protección familiar (vid. arts. 23.1 del PIDCyP, 10.1 del PIDESyC, 17.1 de la CADH, 15.1 del Protocolo de San Salvador, 16.3 de la DUDH y VI de la DADDH), es importante reconocer el derecho a abortar de la mujer, en la medida que a través de su ejercicio podrán las familias —como núcleo natural y fundamental de la sociedad—, formarse atendiendo al deseo de las parejas y procrear con fundamento en la elección y decisión de las madres que las integran, y no, por razones ajenas a su voluntad o, llanamente, opuestas a sus más íntimos deseos y expectativas.

En lo que respecta al derecho al aborto de la mujer en el marco de la Constitución venezolana, el mismo resulta concebible como una manifestación de los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano que representan el derecho constitucional al libre desenvolvimiento de la personalidad y la autonomía de la voluntad. Veamos.

El derecho a abortar encuentra su materialización efectiva en el ordenamiento interno venezolano —además de en los derechos comentados anteriormente, todos también de rango constitucional [regulados, entre otros, en los artículos 2 y 43 (derecho a la vida), 3 (derecho a la vida digna), 60 (derecho a la vida privada o a la intimidad), 46 (derecho a la integridad personal), 20 (derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad), 46.1 (derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a no ser sometido a torturas), 83 (derecho general a la salud), 76 (derecho particular a la salud reproductiva de la mujer) y 75 (derecho a la protección familiar)]—, en el legítimo ejercicio, e imperativo iusprivatista, de la autonomía de la voluntad y de la libertad jurídica de acción de la mujer, quien es su titular, esto es, en la toma y ejecución libre de las decisiones que adopte, máxime cuando se trata de una elección tan personal e íntima dirigida por la libertad de consciencia de la mujer: ejercer opciones procreativas o reproductivas.

En efecto, es por virtud de la autonomía privada que tienen los particulares, cuyo fundamento en la Constitución se encuentra en la libertad general y libre desenvolvimiento de la personalidad (artículo 20 de la Constitución), ambos integrantes de los valores superiores del ordenamiento jurídico, que las mujeres pueden ejercer dentro de los atributos inmersos en la libertad negativa de acción, el derecho de engendrar o no hijos, así como el derecho a abortar o de no convertirse en madres, en la medida que son dos caras de una misma moneda y representan, en definitiva, manifestaciones concretas del derecho de decidir conforme a sus creencias, ideas y valores. Teniendo en cuenta, entonces, que la autonomía de la voluntad halla su fundamento constitucional en el señalado derecho-valor libertad, no cabe mayor discusión sobre que, como corolario de la misma, la autonomía privada (en este caso, la autonomía procreativa) es también uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, razón por la cual el ordenamiento —en su conjunto— debe interpretarse conforme a dicha autonomía que habilita a las personas a conducir sus vidas con arreglo a sus propias y libres decisiones.

Admitir lo contrario, equivaldría a consentir el patente cercenamiento del valor superior «libertad individual» del ordenamiento jurídico venezolano y del derecho de toda mujer de autodeterminarse y desarrollar libremente su personalidad, en ejercicio de las jerárquicamente superiores autonomía privada y libertad de acción —i. e. procreativa y reproductiva—, de lo que se desprende que las apuntadas «autonomía de voluntad» y «libertad de acción» son a su vez concebibles como el «núcleo» mismo del derecho a abortar como integrante de la esfera de los derechos humanos de la mujer.

Sin llegar a considerar que el derecho a abortar de la mujer es ilimitado o absoluto, en tanto debe someterse a ciertas condiciones, limitaciones o restricciones mínimas, en nuestra opinión las mujeres tienen, conforme a las disposiciones contenidas en los TDH, así como del ordenamiento constitucional venezolano, el derecho humano a abortar.

Caracas, noviembre 2011.

2 comentarios to “Aborto y derechos humanos”

  1. Copei Municipio Torres. said

    Para mí,el aborto es un homicidio,un crimen atroz contra una persona indefensa e inocente.Transgrede el derecho a la vida de ese ser humano.Existen infinitud de métodos para evitar la concepción,debemos priorizar el empleo de uno de éstos,antes de caer en esta barbarie que significa ese asesinato abominable.

  2. clddhh.ucv said

    De falacias y sinrazones: a propósito de un comentario sobre el aborto

    Serviliano Abache Carvajal
    Profesor de Argumentación Jurídica, Universidad Católica Andrés Bello
    s.abachecarvajal@abacheblanco.com

    Agradezco a “Copei Municipio Torres” su comentario —entiendo que lo escribe una sola persona, por el uso del pronombre personal tónico “mí”—, por haberse tomado la molestia de leer mi modesta reflexión. Reciprocándole la atención prestada, respondo:

    En relación a lo que plantea, al calificar el aborto como un “homicidio”, un “crimen atroz”, contra una “persona indefensa”, que “transgrede el derecho a la vida de ese ser humano” y, en fin, una “barbarie” así como un “asesinato abominable”, además de revelar una altísima carga emotiva negativa, con lo que evita brindar razones, incurre en dos –bien conocidas- falacias argumentativas (i. e. argumentos que en apariencia son buenos, pero realmente no lo son): la primera es la denominada “pista falsa”, al indicar la existencia de una “infinitud de métodos para evitar la concepción”, con lo que se introduce una cuestión irrelevante o secundaria para desviar la atención del tema de fondo, que se centra en si las mujeres tienen o no, con fundamento en el catálogo indicado de derechos humanos, la posibilidad de interrumpir el embarazo dadas ciertas condiciones mínimas, esto es, el “argumento de la autonomía”. El hecho de que existan o no medios alternos para evitar la concepción, no atiende la cuestión principal; y la segunda, la falacia ad populum, al apelar a los sentimientos de los lectores con las indicadas calificaciones (emotivas negativas) para pretender conseguir —de esa manera— adhesión o apoyo a su opinión, en lugar de presentar argumentos.

    Finalmente es de suyo importante tener presente, como es sabido, que «[e]l Derecho nunca ha reconocido que el no nacido sea una persona en el pleno sentido de la palabra» (sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 410 US 113/1973, de 22 de enero, caso Roe v. Wade, consultada en Miguel BELTRÁN DE FELIPE y Julio V. GONZÁLEZ GARCÍA, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, segunda edición, Madrid, 2006, p. 438. Sobre esta sentencia, vid. Richard H. FALLON, Jr. The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 144-147), lo que se evidencia, por ejemplo, del tratamiento que se ha dado al aborto en los distintos ordenamientos jurídicos que lo penalizan como un tipo delictual disímil al homicidio, a los fines de dejar claro que no es predicable, lisamente, que el aborto sea equiparable al homicidio (o asesinato), ni que el mismo atente contra una “persona” o “ser humano”.

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