Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

Conclusiones

Posted by clddhh.ucv en enero 7, 2012

La reafirmación retórica y la restricción sistemática de los derechos humanos

Los datos sobre violencia social y política realmente constituyen evidencia de una situación preocupante en materia de calidad de vida y derechos humanos, misma que ha lesionado las relaciones sociales e institucionales de los venezolanos y por ende, la democracia. Alteraciones psicológicas, fracturas familiares, sociales, y la desconfianza, el miedo y el silencio —como forma de relación con el Estado y sus estructuras— son los nuevos elementos de la realidad venezolana.

EL gobierno por el contrario, sostiene: “que en Venezuela no existe intolerancia política, ausencia de autonomía de los poderes públicos del Estado, restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y represión contra la disidencia” (Saltron, 2010). Se afirma entonces que en Venezuela están garantizados los derechos humanos. Para ello, y como reafirmación de su compromiso con la protección de los mismos, en marzo de este año se creó la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que formará parte de la Fiscalía General de la Republica.

Ante la pregunta: ¿hay violaciones de DDHH en Venezuela? La respuesta de la Fiscal General fue afirmativa y sus argumentos recuerdan sucesos ocurridos en el país hace más de 20 años, como la masacre de Yumare en 1986 y la revuelta popular llamada “el caracazo” en 1989. No hay ninguna referencia sobre las muchas denuncias de años recientes de trabajadores, militares, periodistas, estudiantes y políticos.

Pero, las evidencias nos demuestran que hay una garantía de los derechos humanos de manera selectiva y, en consecuencia, discriminatoria, violando los principios de universalidad e igualdad. Hay una confusión teórica entre los funcionarios del Estado al utilizar estrategias de coacción, amedrentamiento y amenazas que parten del discurso presidencial como formas de acción política, desconociendo el daño psicológico, social e institucional que generan estas acciones.

Se acusa a los medios de comunicación social de generar terror en la colectividad, pero se omite el análisis cuando el presidente de la República, en alocuciones nacionales, descalifica a sus opositores, y señala que no hay diálogo ni reencuentro posible entre sus seguidores y adversarios, estimulando la polarización en el país.

Desde el Estado, no se considera negativo el uso de la manipulación emocional y del discurso militar de guerra (lamentablemente asumido por una parte importante de la población), el uniformar a la población y presionarlos para asistir a actos políticos.

Si bien este trabajo ha hecho énfasis en la violencia política y los derechos políticos, no sólo éstos están siendo limitados en Venezuela, porque no son independientes de los otros derechos. También son vulnerados los derechos jurídicos, económicos, sociales, culturales y, en general, el derecho a la vida y a la integridad personal. Esto debido a la aparición de nuevas modalidades delictivas, el aumento creciente de la criminalidad y la evidente debilidad del Estado para el control de la violencia, la garantía de la vida y la construcción de la paz social. La creación de la Milicia Nacional Bolivariana, los Batallones de Reserva y el Inces militar —todas agrupaciones que entrenan a civiles para la defensa de la patria y la revolución en apoyo a las fuerzas de orden publico ya existentes— son muestras de esta debilidad institucional.

Igual inconsistencia ocurre con la reciente creación de la “Guerrilla comunicacional”, donde se instruye a jóvenes de escuelas públicas, para “combatir” la información proveniente de los medios de comunicación “privados” o específicamente a los que mantengan una línea editorial distinta a la hegemónica gubernamental.

Finalmente, si bien los derechos humanos son inherentes al Estado y puede ser reglamentado su ejercicio bajo determinadas circunstancias, se espera que éste los garantice creando mecanismos y condiciones, para que todas las personas tengan la oportunidad de ejercerlos de forma efectiva, sobre la base de los valores de la democracia.

Yorelis J. Acosta

UCV

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