Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

La preocupación Internacional

Posted by clddhh.ucv en enero 7, 2012

La ultima visita al país de la CIDH se realizó en el año 2002, después del quiebre institucional que tuvo lugar en abril de ese mismo año. A partir de esa visita, la Comisión elabora un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que da a conocer en diciembre 2003. En este hace una serie de recomendaciones y se compromete a seguir monitoreando la situación del país. Desde entonces, la Comisión ha solicitado la aprobación del Estado para recabar información directa y hacer observaciones, por cuanto se habían identificado una serie de acciones que limitaban el pleno disfrute de los derechos humanos. El Estado ha negado en reiteradas ocasiones la visita.

En Diciembre de 2009, la CIDH emite un nuevo informe de 326 páginas titulado “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”. El informe —estructurado en 9 capítulos— aborda de manera sustanciada la situación en relación con los derechos políticos y la participación en la vida pública, la separación e independencia de los poderes públicos, libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad y seguridad personales, los derechos económicos, sociales y culturales.

En síntesis, el informe señala que en Venezuela:

  1. No se ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos a todas las personas con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno.
  2. Se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política.
  3. No existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
  4. Existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.

Finaliza con un conjunto de recomendaciones al Estado venezolano, para fortalecer la defensa de los derechos humanos.

La respuesta del gobierno fue de rechazo inmediato a través del Embajador ante la OEA, el Agente de Derechos Humanos del Estado venezolano y de la Defensoría del Pueblo, quienes argumentaron que las motivaciones del informe son políticas, las pruebas no son fidedignas, se desconoce la realidad del país y se enmarca dentro de una campaña de descrédito contra Venezuela.

Yorelis J. Acosta

UCV

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