Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

Persecución al disenso político

Posted by clddhh.ucv en enero 7, 2012

Dos estrategias fueron o son utilizadas por parte del gobierno para castigar el disenso político: la “lista Tascón” y las inhabilitaciones administrativas, entre otras.

La lista Tascón. Posterior a las elecciones del año 2004, el diputado oficialista Luis Tascón, a través de un programa de computación, diseñó un listado que se hizo público con los nombres de las personas que firmaron solicitando el referéndum revocatorio del mandato del Presidente Chávez, apoyándose en el artículo 72 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

La “lista Tascón” como se le conoce, se utilizó para despedir y también para emplear, a personas de la administración pública. Posteriormente se convirtió en un instrumento de relación entre el Estado y los ciudadanos en los ámbitos políticos, económicos y de servicios. El 15 de abril de 2005, el Presidente Chávez reconoció públicamente la existencia y utilización de dicha lista ordenando su “entierro”. Sin embargo, ese mismo año se creó un nuevo instrumento más sofisticado denominado la “lista Maisanta” con información detallada del Registro Electoral y las preferencia electoral de los votantes.

Inhabilitaciones políticas

El 25 de febrero de 2008, el Contralor General de la República presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un listado con 272 nombres de personas inhabilitadas para el ejercicio de la función pública entre 1 y 10 años. El argumento fue que las personas allí señalas no fueron cuidadosas en el manejo de los recursos públicos.

El principal ente electoral (CNE) tras una inclusión en las causales de inhabilitación en la lista de objeciones del Registro Electoral, rechazó la postulación de las personas que figuraban en la lista. De estas 272 personas, la gran mayoría pertenecían a fuerzas políticas de oposición al gobierno, varios de ellos de reconocida trayectoria y con aspiraciones a cargos públicos.

Importantes juristas del país se pronunciaron, por cuanto estas inhabilitaciones fueron establecidas por decisiones administrativas de la Contraloría General y no por condenas penales, y fueron objeto de decisiones discrecionales del Contralor de acuerdo con su apreciación de daño al erario público.

Yorelis J. Acosta

UCV

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