Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

EL EMBARAZO ADOLESCENTE Y EL DERECHO HUMANO A LA REPRODUCCIÓN

Posted by clddhh.ucv en marzo 25, 2012

Por Profesora Flavia Pesci Feltri[1]

Miembro del Comité Académico de la Cátedra Libre y Voluntariado en Derechos Humanos UCV

 

El  propio Presidente de la República ha calificado y admitido que el problema del embarazo adolescente en Venezuela se ha convertido, en el transcurso de los años, en un problema de salud pública na

cional.

 El embarazo adolescente es aquel que se produce en una niña u joven que
se encuentra en la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años de edad.

La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como no deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos.

Las adolescentes embarazadas, además de enfrentarse a la misma situación que cualquier otra mujer embarazada, tienen una mayor desprotección y sus preocupaciones son superiores.

En efecto, su salud corre un riesgo altísimo y,  como si lo anterior fuera poco, deben ocuparse de su situación económica cuando lo que verdaderamente les corresponde es estudiar, prepararse, crecer para que en la edad adulta, puedan trabajar y decidir, concientemente, cuándo y cómo formar una familia.

Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas de noviembre de 2011, Venezuela encabeza la tasa de embarazos precoces de Suramérica con una tasa de 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, por delante de Ecuador (100) y Colombia (96) y, solo superada en Centroamérica, por Honduras (108) y Nicaragua (109).

El tema de embarazo adolescente, repetimos, es en Venezuela un problema de salud pública nacional que debe ser atacado desde el seno de las familias y desde el Estado.

Al Estado y a sus instituciones de salud les corresponde tomar medidas de prevención y de contención ante los embarazos en adolescentes.

En efecto, nuestra Constitución en los artículos 83 y 84 prevé que todas las personas tienen derecho a la salud y que el Estado tiene la obligación de garantizarla como parte del derecho a la vida.

El Estado venezolano está obligado a promover y desarrollar políticas públicas dirigidas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

Igualmente, el Estado debe crear un sistema público nacional de salud el cual debe dar prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizar tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad.

Del mismo modo, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución venezolana, el Estado tiene la obligación de proteger a la familia y de garantizar la protección de la madre, del padre o de quién ejerza la jefatura de la familia.

En el artículo 76  constitucional, se establece el derecho de reproducción que significa el derecho de las personas, y entre ellos los adolescentes, a gozar de una vida sexual plena y en circunstancias favorables.

El referido artículo dispone que el Estado está obligado a garantizar asistencia y protección integral a la maternidad y asegurar servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.

Pero, además, establece que las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. 

Esto es lo que se entiende por el Derecho de reproducción que se traduce en provocar que cada una de las personas sea conciente para entender, asumir y planificar su propia vida sexual; esto permite disminuir el índice de embarazos adolescentes cuyo aumento se evidencia, especialmente, en los sectores de pocos recursos económicos generándose, en consecuencia, mayor pobreza.

En conclusión, y de acuerdo a nuestra Constitución y a la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA)[2], los adolescentes tienen derecho a que se les eduque en materia de planificación familiar y sexual, así como el derecho a ser asistidos por instituciones públicas, en caso de que las jóvenes o menores de edad queden embarazadas.

En tal sentido, constituye una obligación del Estado venezolano implementar políticas públicas dirigidas a:

  •  a) educar a la población adolescente en materia de salud sexual y planificación familiar;
  • b) proporcionar servicios de salud especializados en embarazos de alto riesgo como lo es el embarazo en adolescentes;
  • c) proporcionar gratuitamente los métodos anticonceptivos y la información apropiada para su uso;
  • d) dotar al adolescente de herramientas que le permitan planificar su vida familiar.

Lo anterior de ninguna manera exime de responsabilidad a los padres o representantes de los adolescentes en su deber ineludible de acompañarlos y estar presentes en esa etapa de crecimiento tan importante para cualquier ser humano, especialmente en aquéllos temas vinculados con el sexo, las relaciones sexuales, afectivas y los métodos anticonceptivos.


[1] Tema tratado en el programa radial El derecho sin revés.

[2] Consultar concretamente los artículos 41, 43 y 50 de la LOPNA.

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