Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

Interrupción voluntaria del embarazo: Un asunto de Derechos Humanos

Posted by clddhh.ucv en marzo 30, 2012

I. Aborto Definiciones

Según Faúndez y Barzelatto[1], el aborto se define como la interrupción de un embarazo después de  la implantación del embrión en el útero y antes de que el feto sea viable o sea que pueda vivir de manera independiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó la viabilidad del feto en las 22 semanas completas de gestación o con un feto que pese 500 gramos. Por debajo de este límite se considera aborto mientras que por encima se considera parto prematuro.

 

El aborto puede ser espontáneo, cuando ocurre sin ninguna intervención externa y es causado en general por enfermedades de la mujer o defectos genéticos del embrión. También puede inducido, cuando la interrupción del embarazo se da mediante el empleo de medicamentos o por intervención quirúrgica después de la implantación y antes de que el conceptus (el producto de la concepción) sea viable de manera independiente. Éste puede clasificarse como Aborto Inseguro o Aborto Seguro. El Inseguro se define según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un procedimiento para poner fin a un embarazo no deseado, sea realizado por personas que carecen de las aptitudes necesarias o en un ámbito en el que no se cumplen los mínimos criterios médicos, o con la concurrencia de ambas circunstancias. El Aborto Seguro, ya sea médico o quirúrgico, es aquel llevado a cabo por un/a profesional capacitado/a  con los medios necesarios y en un ambiente médico adecuado e implica un riesgo extremadamente bajo para la mujer.

 

II. Problemática

 

La mayoría de los abortos inseguros son ilegales. Sin embargo, algunos se realizan en países donde el aborto es legal, pero se clasifican como inseguros dado que las condiciones en que se llevan a cabo son inadecuadas, hay abortos que se realizan en condiciones seguras en países donde es ilegal. Es por ello que es necesario utilizar las expresiones “aborto seguro” y “aborto inseguro” independientemente y complementando las clasificaciones de abortos legales o ilegales[2].

 

Según Grosmann[3], se estima que, en el año 2000 se practicaron en todo el mundo 27 millones de abortos legales y 19 millones de abortos ilegales. El 95% de los abortos ilegales (abortos inseguros) fue practicado en países en vías de desarrollo y el 99% de las muertes por causa de estos abortos también tuvo lugar en dichos países. El acceso al aborto seguro es limitado en muchos países en vías de desarrollo debido a las restricciones legales, las barreras administrativas que obstaculizan el acceso a servicios legales para la realización de un aborto, las barreras financieras y la falta de profesionales con capacitación adecuada. En América Latina, la tasa de complicaciones derivadas de la práctica de un aborto ilegal es desproporcionadamente más alta entre las mujeres provenientes de zonas rurales con escasos recursos económicos.

 

Según la OMS[4] las complicaciones por aborto inseguro son responsables del 13 % de las muertes maternas. La causa principal del aborto es el embarazo no deseado. Los programas de planificación familiar pueden ayudar a las parejas a determinar cuando y con que frecuencia tendrán hijos/as. Al expandir el acceso de las mujeres a esta asesoría y a servicios seguros y voluntarios de planificación familiar, así como a una gama de anticonceptivos modernos, seguros y efectivos, se les permite el control de sus vidas reproductivas.

 

Ahora bien, también se debe considerar que a pesar de los esfuerzos por la planificación familiar la existencia de embarazos no deseados porque los métodos anticonceptivos fallan, por una situación de violencia contra las mujeres y porque muchas mujeres no tienen capacidad de negociación con sus parejas para el uso de anticoncepción.

 

Según la especialista Alda Facio[5] un aspecto relevante a destacar es que son las mujeres las personas a quienes más se les violan sus derechos reproductivos. Por ello, son ellas las más necesitadas de que los derechos reproductivos sean entendidos como derechos humanos. Los problemas relacionados con la salud reproductiva siguen siendo la principal causa de muerte y mala salud de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Las mujeres pobres sufren desproporcionadamente los embarazos no deseados, la violencia de género, la muerte materna y otros problemas relacionados con su sistema reproductivo y su conducta sexual. Cabe señalar además que las mujeres jóvenes encuentran más obstáculos para acceder a la información sobre su sexualidad y son las que más sufren de embarazos no deseados.

 

III  Estatus Legal del Aborto en Latinoamérica

 

De acuerdo a los datos publicados en 2009 por el Instituto Guttmacher[6], el aborto está totalmente prohibido en 7 de los 34 países y territorios de la región. En otros 8 es permitido sólo para salvar la vida de la mujer, mientras que en Brasil, México y Panamá  se permite en casos de violación o en México y Panamá cuando hay malformación fetal. Ocho países permiten el aborto para preservar la salud física de la mujer (así como para salvar su vida) y otros cinco permiten el procedimiento para preservar su salud mental (así como para preservar su salud física y salvar su vida). Siete de estos trece países también hacen excepciones por violación, tres por incesto y uno permite el aborto en casos de malformación fetal. En América Latina y el Caribe, solamente 6 países permiten el aborto bajo criterios amplios—sin restricción en cuanto a razón o por razones socioeconómicas. Estos albergan el 3% de las mujeres de 15–44 años de la región.

 

El 97% restante de mujeres en edad reproductiva en la región vive en países donde la ley de aborto es altamente restrictiva y el procedimiento se permite solamente bajo causales relativamente estrictas, donde es poco probable que muchas mujeres tengan los medios para superar las barreras legales y médicas que se les presentan para obtener un procedimiento legal y seguro bajo las mismas. Colombia, Santa Lucía y el Distrito Federal en México han liberalizado sus leyes de aborto de manera substancial desde 1997, mientras que El Salvador y Nicaragua han intensificado las restricciones y ahora prohíben el procedimiento bajo toda circunstancia, eliminado incluso la excepción para salvar la vida de la mujer.

 

IV Marco de Derechos Humanos y aborto

 

En el sistema internacional de protección de derechos humanos, el único tratado internacional que se pronuncia directamente sobre el aborto es el Protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos en materia en Derechos de las Mujeres en África. En él se establece que los Estados Parte deben tomar todas las medidas que resulten necesarias para “proteger los derechos  reproductivos de las mujeres a través de la autorización del aborto médico en casos de asalto sexual, violación, incesto, y donde el embarazo pone en peligro la salud mental o física de la madre o la vida de la mujer o del feto”

En los otros sistemas, son los órganos especializados en vigilar el cumplimiento de los  tratados, los que a través de recomendaciones, observaciones o en la resolución de casos concretos, se han pronunciado sobre el tema.[7]

 

Muchos son los tratados internacionales e instrumentos de derecho internacional vinculantes para el Estado Venezolano que dan basamento jurídico al derecho de las mujeres a decidir libre, informada y voluntariamente si desean interrumpir o no su embarazo. En el  Sistema Universal de Derechos Humanos tenemos, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Otros instrumentos internacionales que garantizan el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante de los derechos humanos, tenemos: Conferencia Mundial de Derechos Humanos – Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo – Programa de Acción de Cairo (1994), IV Conferencia Mundial sobre la Mujer- Plataforma de Acción de Beijing (1995), Objetivos de Desarrollo Milenio, Resolución WHA57.12 Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo.

 

En el Sistema Interamericano encontramos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer «Convención de Belém Do Pará».

 

Los mismos son vinculantes para el Estado Venezolano, los cuales establecen el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la integridad física, a la intimidad, a disfrutar de los beneficios científicos entre los derechos más conectados con el derecho de las mujeres a decidir libre, informada y voluntariamente interrumpir un embarazo.

 

“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.”[8]

 

En el párrafo 96 de la Plataforma de Acción de Beijing (1995)[9] se señala que “los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a coerción, la discriminación y la violencia (…)”

 

Seguidamente en el párrafo 97 señala “Los abortos realizados en condiciones de riesgo ponen en peligro la vida de muchas mujeres, lo cual representa un problema de salud publica grave. La mayoría de estas muertes, los problemas de salud y las lesiones podrían prevenirse mediante un mayor y mejor acceso a servicios adecuados de atención en salud, incluyendo métodos seguros y efectivos de planificación familiar y atención obstétrica de urgencia…”

 

El derecho a la vida se encuentra protegido por la mayoría de los principales instrumentos sobre derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos). El Comité de Derechos Humanos, organismo que supervisa el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ha interpretado este derecho precisando que su garantía exige a los Estados adoptar “medidas positivas” orientadas a preservar la vida, así como también medidas para “disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida (…)”[10].

 

El derecho a la salud se encuentra reconocido en el articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), mediante el cual los Estados “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud física y mental”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Haciendo eco de la definición general de la OMS de salud, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) define “salud reproductiva” como el bienestar total “en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos”[11].

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 12 recoge este principio estableciendo que los Estados parte deben tomar “las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención medica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención medica, inclusive aquellos que se refieren a la planificación familiar”[12].

 

Así mismo el  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que monitorea el cumplimiento de la CEDAW, ha abordado las obligaciones estatales en relación con la atención en salud reproductiva. En su Recomendación General sobre Mujeres y Salud (Recomendación sobre Salud), declara que los Estados partes deben “garantizar el acceso universal de todas las mujeres a una plena variedad de servicios de atención en salud de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva”[13].

 

Los Estados también se encuentran obligados a eliminar las barreras legales a la atención en salud reproductiva. En su Recomendación sobre Salud, el Comité CEDAW declaro que: “El acceso de la mujer a una adecuada atención medica también se enfrenta con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones medicas que afectan exclusivamente a las mujeres y castigan a las que se someten a dichas intervenciones”[14]. Entre tales barreras legales a la salud reproductiva se encuentran las leyes que prohíben el aborto y penalizan la esterilización voluntaria.

 

“El derecho al aborto legal y seguro se encuentra respaldado por las garantías a la vida y a la salud.” En aquellos países donde el aborto esta prohibido por ley o inadecuadamente financiado por el Estado, las mujeres que desean interrumpir su embarazo enfrentan una amenaza contra su bienestar físico, mental y social. Si acuden a un proveedor no calificado o si deciden autoinducirse un aborto, se exponen a sufrir consecuencias devastadoras para su salud física. Entre las complicaciones mas comunes están el aborto incompleto, la infección, la hemorragia y el daño de órganos internos. Estas complicaciones pueden tener como resultado la infertilidad, lesiones para toda la vida o incluso la muerte.

 

Las mujeres tienen derecho a la autodeterminación reproductiva. Este derecho esta respaldado por las garantías internacionales de los derechos a la integridad física y a la intimidad, y protege el derecho de las personas a tomar decisiones en lo que concierne a su propio cuerpo—particularmente aquellas que afectan la capacidad reproductiva. La comunidad mundial ha reconocido en repetidas oportunidades el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento entre los nacimientos. Este derecho permite a las mujeres acceder a medios seguros y eficaces para controlar el número de hijos, y por lo tanto, respalda el acceso al aborto.

 

Restringir el acceso al aborto viola el derecho de las mujeres a estar libres de discriminación. Las restricciones que pesan sobre el aborto discriminan a las mujeres al penalizar un procedimiento medico que solo ellas necesitan, lo que compromete sus derechos a la salud y a la autonomía en la toma de decisiones reproductivas. Las mujeres son las primeras afectadas por el impacto de las restricciones impuestas al aborto, ya que son ellas quienes deben soportar la carga física y emocional de llevar a termino embarazos no deseados o arriesgar la vida y la salud al someterse a abortos realizados en condiciones de riesgo.

 

El derecho de las mujeres a disfrutar de los beneficios del progreso científico les garantiza el acceso a la amplia variedad de tecnologías disponibles para brindar un aborto seguro. A medida que las comunidades medicas y científicas logran avances en las tecnologías del aborto, los Estados deben procurar que todas las mujeres se beneficien de estos avances”[15].

 

V Recomendaciones Específicas al Estado Venezolano

 

El Comité de Derechos Humanos, [16]71° período de sesiones (19 de marzo al 6 de abril 2001) El Comité examinó el tercer informe periódico de Venezuela (CCPR/C/VEN/98/3 y adición) y aprobó las observaciones finales entre esas expresa en el Párrafo 19 “La penalización de todo aborto no terapéutico plantea graves problemas sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas(…)  El Estado Parte tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida (artículo 6) de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, entre otras medidas enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto no terapéutico. El Estado Parte debe proteger el carácter confidencial de la información médica.

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34° período de sesiones (16 de enero a 3 de febrero de 2006).[17] El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) y aprobó las siguientes observaciones finales. En el Párrafo 31. (..) Observa con preocupación que persiste una elevada tasa de embarazos entre las adolescentes. Por otra parte, el Comité lamenta la falta de información detallada acerca de las razones y consecuencias del aborto, que ocupa el tercer lugar entre las causas de la mortalidad derivada de la maternidad en el Estado Parte.

 

En el Párrafo 32. El Comité pide al Estado Parte que realice una encuesta sobre las razones de las elevadas tasas de muertes causadas por los abortos y que adopte medidas, entre ellas medidas legislativas y de política pública, dirigidas a reducir y eliminar los riesgos conexos(…) así como en el párrafo 36 insta al Estado  a que utilice plenamente, en el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de la Convención, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerza las disposiciones de la Convención, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico. Y hace  hincapié en que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Exhorta a integrar una perspectiva de género y a reflejar expresamente las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.

 

 

VI Conclusiones

 

Como se ha evidenciado en otros países Europeos principalmente, de forma exitosa, que el  brindar una educación integral en materia de salud, sexual y reproductiva a temprana edad, sumado a garantizar el adecuado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con prestadores de este servicio sensibilizados desde una perspectiva de los derechos humanos en estos temas para que puedan garantizar  la eficiencia, eficacia, confiabilidad y seguridad de los mismos. Al igual que estas acciones son acompañadas con una dotación gratuita de anticonceptivos y métodos de planificación familiar lo que ha contribuido a disminuir la tasa de morbimortalidad por abortos en condiciones de riesgo /inseguros. “En el continente europeo solo dos Estados  no autorizan el aborto bajo ninguna circunstancia: el Vaticano, Malta”[18]

 

 

Ahora bien,  sabemos que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema sensible y complejo para la sociedad venezolana; el deber de garantizar el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas a tomar una decisión de manera libre, informada y voluntariamente por lo que es necesaria tomar todas  las medidas  para su inclusión de manera clara en la legislación venezolana. La medida legislativa de incorporar este derecho humano, seria una herramienta fundamental para contribuir a evitar las muertes maternas y las secuelas por las complicaciones por abortos inseguros en condiciones de riesgo. Debido a la penalización que existe en nuestra legislación para todo aborto que no ponga en riesgo la vida de la mujer, cabe destacar que la legalización del aborto  aisladamente no respondería a las necesidades de la población debe acompañarse  con políticas públicas, programas y proyectos transversalizados por la perspectiva de género y los derechos humanos dirigidos a toda la población venezolana para el acceso oportuno a información y educación en materia de salud sexual y reproductiva desde un punto de vista del empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos parte integrante de los derechos humanos.

 

 

PODER DECIDIR ABRE UN MUNDO DE POSIBILIDADES


[1] Faundez, A/ Barzelatto, J. El drama del aborto en busca de un consenso. Tercer Mundo Editores. Colombia, 2005. Pág. 47

[2] Faundez, A/ Barzelatto, J. Ob. Cit.

[3] Grossman, D. Métodos médicos para el aborto en el primer trimestre: Comentario de la BSR. La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

[4] Pérez D’Gregorio, R. Prevención del aborto inseguro. Rev Obstet Ginecol Venez. Junio 2008, vol.68, no.2  p.71-72.

[5] La Salud Sexual y Salud Reproductiva: Marco Jurídico Internacional y Nacional. Movimiento Manuela Ramos Perú Publicación Auspiciada UNFPA- Perú  2009 Página 10.

[6] Singh S. et al.,Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress, Nueva York: Guttmacher Institute, 2009.

[7] Justicia de Género La penalización del aborto: un  problema de derechos humanos. DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 4638515demus@org.pewww.demus.org.pe Lima, noviembre 2009Página  3

[8] Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995).

[9] La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido por una conferencia de Naciones Unidas con relación a los derechos de las mujeres, ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW (Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y la Declaración de Viena. También reafirma las definiciones de El Cairo y se agrega un párrafo sobre los Derechos Humanos en general. Al Artículo 8.25 de la Conferencia de El Cairo se le incluye una recomendación a los Estados a revisar sus legislaciones punitivas.

[10] Centro de Derechos Reproductivos, LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS A LA VANGUARDIA: Una herramienta para la reforma legal. Nueva York, EEUU. 2008.  Pág. 15.

[11] Centro de Derechos Reproductivos, Ob. Cit. Pág. 15.

[12] Centro de Derechos Reproductivos, Ob. Cit. Pág. 15.

[13] Centro de Derechos Reproductivos, Ob. Cit. Pág. 15.

[14] Centro de Derechos Reproductivos, Ob. Cit. Pág. 15.

[15] Centro de Derechos Reproductivos, Ob. Cit. Pág. 48.

[16] Comité de Derechos Humanos, 71° período de sesiones (19 de marzo al 6 de abril 2001).  El Comité en cuanto al  tercer informe periódico de Venezuela (CCPR/C/VEN/98/3 y adición)

[17] Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 34° período de sesiones (16 de enero a 3 de febrero de 2006).[17] El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6)

[18] El aborto un asunto político global. http://www.choike.org/nuevo/informes/1113.html

 


Abogada María Ysabel Cedeño Gómez

Voluntaria de la Cátedra Libre y Voluntariado en Derechos humanos UCV

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