Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

“La Denuncia de la CADH o el Retiro de la CIDA, a la Luz de la Ética y del Derecho”

Posted by alberto blanco-uribe en octubre 15, 2012

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero[1].

RESUMEN:

Desde hace algunos años la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce un cuestionable control sobre la ejecutabilidad de las decisiones tomadas, dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, dictando sentencias que han declarado la inejecutabilidad de tales decisiones, contrariando el “self-executing”, sugiriendo al Poder Ejecutivo la denuncia del tratado.

Haciéndose eco de ello, el Gobierno manifestó su interés en efectuar esa denuncia, fundado en arcaicas nociones de soberanía y en desconocimiento de la “lex universalis” de los derechos humanos, llegando a constituir por primera vez al Consejo de Estado, para su consideración.

Se expresan argumentos demostrativos de la antijuridicidad e inmoralidad de la denuncia.

ABSTRACT:

Since some years ago the Constitutional Tribunal of the Supreme Court have a questionable control of the enforceability of decisions taken within the framework of the American convention on human rights, by the commission and the Inter-American Court of Human Rights, down judgments declaring the unenforceability of such decisions, been contrary of the “self-executing, suggesting to the Executive denounce the treaty.

Echoing this, the government manifest his interest in make this denounce, based on archaic notions of sovereignty and the unknowing of the universals laws “Lex universalis” of the human right, constituting for the first time a State Council for this considerations.

Demonstrative arguments are expressed in illegality and immorality of the complaint.

PALABRAS CLAVES:

Sala Constitucional

Comisión Interamericana

Derechos Humanos

Convención Americana

Denuncia

Inconstitucionalidad

Ética

KEY WORDS:

Constitutional Tribunal

American commission

Human Rights

Denounce

Unconstitutionality

Ethics

 

  1. I.              Introducción:
  2. 1.        Antecedentes:

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia Nro. 1.939 del 18 de diciembre de 2008[2], con ocasión a una “acción de conformidad constitucional” sobre la sentencia del 5 de agosto de 2008 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3], que declaró la responsabilidad internacional del Estado Venezolano por violación a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., quienes fueron destituidos de sus cargos como magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, tras haber declarado la pretendida inejecutabilidad en el país de la citada decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[4], se permitió “recomendar” al Poder Ejecutivo Nacional proceder a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[5].

Semejante situación ya se asomaba con anterioridad y se ha presentado en sentencias posteriores de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se ha insistido en la supuesta inejecutabilidad de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la violación del derecho interno venezolano, como si los derechos humanos no estuviesen en situación de preeminencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico[6].

En este orden de cosas, durante los años transcurridos desde entonces, el Presidente de la República y otros voceros del Gobierno Nacional, tales como el Vicepresidente Ejecutivo, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (llamado consuetudinariamente Canciller) y el Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), entre otros, han venido advirtiendo acerca de la posible denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo que con trece años de retraso, desde que entró en vigencia la Constitución de la República en 1999, se procedió a la creación del Consejo de Estado previsto en los artículos 251[7] y 252[8] del Texto Fundamental, conformado exclusivamente por altos funcionarios gubernamentales o de otras ramas del poder público, o personalidades sin duda ligadas ideológicamente al partido de gobierno (habiendo formado parte del mismo), varias de las cuales ya se han pronunciado públicamente a favor de la denuncia (como son los casos, por ejemplo, del citado Embajador y de la Magistrada que preside al Tribunal Supremo de Justicia y a su Sala Constitucional, casualmente ponente en la sentencia citada), lo cual compromete su idoneidad pluralista, requerida como Consejo de Estado y no de Gobierno, y su imparcialidad, al cual se le ha asignado, como primer cometido, el estudio de la factibilidad y conveniencia de proceder a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[9].

Cabe destacar que las razones esgrimidas por los altos jerarcas gubernamentales y judiciales, para pretender justificar tal denuncia, radican en la supuesta injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos internos del país, con afectación de la soberanía del Estado Venezolano, y en lo que se ha dado en llamar “extralimitación de atribuciones” y “usurpación de funciones” (como si no se tratara de figuras jurídicas excluyentes entre sí) por parte de los indicados organismos interamericanos, en detrimento de las competencias que la Constitución y las leyes venezolanas, reconocen a los entes públicos del país.

  1. 2.        Problema:

Toda vez que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tengan estos carácter universal, como ocurre con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) y el denominado Examen Periódico Universal (EPU), o alcance regional, como sucede con la Comisión y con la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, dentro del régimen institucional de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), han sido concebidos e implantados por los Estados del planeta, en el marco de un enfoque claramente humanista, pleno de humildad, sinceridad, honestidad y justicia, es decir, circunscrito dentro de lo que podría definirse como bueno o moral, que les permite auto reconocerse como los violadores potenciales y/o efectivos de los derechos humanos, admitiendo además la posible insuficiencia  o ineficacia de los órdenes judiciales internos en cuanto concierne a la cabal tutela de los derechos humanos de las personas que los habitan, es evidente que el hecho de que el Estado Venezolano  pretenda sustraerse del control supranacional y cuasi jurisdiccional interamericano supondría una disminución grave de las garantías destinadas a asegurar el goce real de los derechos humanos, en detrimento de la libertad en sentido amplio, aquella a la que se contrae el artículo 20 constitucional[10].

  1. 3.        Objeto:

La realidad ética y jurídica que hemos tomado como ámbito de estudio, referida al problema planteado, obviamente con vista de los antecedentes previamente descritos, nos convida indefectiblemente a desentrañar sus caracteres identificadores, dentro de la concreción de la referida denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado Venezolano, por una parte, como un comportamiento moralmente inaceptable, y por otra parte, como una actuación estatal no solamente reñida con los principios del derecho internacional, sino además plenamente inconforme con los postulados humanistas[11] indubitablemente normados por la Constitución de la República, con carácter supremo[12].

  1. 4.        Objetivo:

La presente investigación, con apoyo en los conceptos éticos que constituyen el marco axiológico o valorativo de las normas jurídicas que nos rigen, y en la interpretación lógica y teleológica de los dispositivos de derecho que con rango constitucional han de imperar por sobre todo el ordenamiento jurídico venezolano, persigue demostrar con argumentos de carácter jurídico y también de naturaleza ética, axiológica, moral o valorativa, la inconstitucionalidad en la que incurriría el Estado Venezolano, y más que eso, el fraude al poder constituyente en el que se ubicaría como autor ilegítimo, en caso de que proceda a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desconociendo con ello la jurisdicción internacional de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como si se asistiese a un tratado internacional ordinario, es decir, no regulatorio de derechos humanos.

  1. 5.        Justificación:

Resulta obvio, siendo el autor de la presente investigación un abogado especializado en derechos humanos, que aparte de su práctica profesional vinculada al tema, como defensor de derechos humanos, desarrolla actividad académica al respecto, como profesor universitario y como Coordinador General de la Cátedra Libre y Voluntariado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, que surja interés y gran motivación en despertar alarma acerca de una de las actuaciones estatales potencial y globalmente más amenazadoras del pleno goce de los derechos humanos, en detrimento de todos los habitantes del país, quienes al no disponer de la herramienta supranacional y cuasi jurisdiccional representada en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, verían sus esferas libertarias sustancialmente reducidas, cuando no totalmente eclipsadas, al quedar exclusivamente a la merced de los entes públicos del Estado Venezolano, el cual resultaría juez y parte en los procesos judiciales acerca de la violación de los derechos humanos imputables a sus agentes, con las arbitrarias decisiones que serían lastimosamente esperables. Sabemos que el sistema llamado de reportes estatales a que se contrae el Examen Periódico Universal, no garantiza por sí solo el restablecimiento de situaciones de lesión efectiva y particular de derechos humanos, por carecer del carácter de cuasi jurisdicción supranacional la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U.

Se trata pues, de un llamado bien argumentado de atención, para contribuir a evitar que se produzca tamaño despropósito. Por tanto, se presenta un escrito, que más que un desarrollo teórico con apoyo académico, sin perjuicio de la lectura de las fuentes bibliográficas, es una reflexión desde la óptica racional del autor.

  1. II.              Desarrollo:
  2. 1.        Aspectos Jurídicos:

Tal como fue destacado en la introducción, la escasa argumentación jurídica con la que se pretende justificar la posibilidad de que el Estado Venezolano denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos[13] descansa en aspectos de derecho internacional público y en alegatos de derecho interno, atinente todo ello a una trasnochada y decimonónica (por no decir medieval) noción de soberanía estatal, que desconoce el avance contenido en los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos.

A) En este orden de ideas, por un lado, en cuanto a la esfera internacional, se afirma pura y simplemente que el Estado Venezolano, en ejercicio de su soberanía, no puede ser compelido a permanecer en contra de su voluntad asociado a otros Estados, en un tratado internacional, pudiendo denunciarlo en cualquier momento, para retirarse de él. Para esto, traen en supuesto apoyo a su conclusión, que de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[14], de 1969, todo tratado internacional que prevea la denuncia como forma de terminación unilateral, podrá dejar de tener efecto y vigencia para el Estado que así proceda (suponiendo que se basarían en lo pautado en sus artículos 42.2[15] y 54.a[16]), siendo que la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, también de 1969 (ratificada en 1977), en su artículo 78.1, prevé la posibilidad de su denuncia[17].

Hasta aquí el análisis gubernamental parece impecable, desde esta perspectiva del derecho internacional público general, aunque en realidad es falaz, y lo es por cuanto acomodaticiamente se deja de lado el hecho de que estamos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que como ocurre también en los dominios del derecho internacional humanitario y del derecho internacional ambiental, colocan la idea tradicional de soberanía en su justo lugar, de modo que jamás los intereses de un Estado (léase mejor de un gobierno o de un régimen político) se coloquen por encima de los derechos humanos, es decir, de las libertades de toda índole de las personas, de modo que en lugar de existir el ancestral deber de abstención o intromisión en asuntos internos de los otros Estados, en estos campos se asiste más bien a la obligación de inmiscuirse, claro que a través de los mecanismos institucionalizados del derecho internacional, en provecho de la supremacía de los más altos intereses de la humanidad.

No hay que olvidar que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya desde 1969, en cuanto al tema de los derechos humanos, allí circunscritos por la moderna doctrina dentro de los principios universales del “ius cogens”, los posicionó a tan alto grado del orden jurídico internacional universal, que les dio rango mayor a los propios tratados internacionales, incluyendo ese mismo, en su artículo 53, bajo el apelativo“Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”)”[18].

No es válido evocar una norma como la del artículo 78.1 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, negociada en 1969, haciendo caso omiso de la evolución conceptual experimentada en estos más de cuarenta años, que minimiza o disminuye la idea de soberanía estatal frente a la preeminencia de los derechos humanos, en donde incluso el concepto de poder es desplazado por el de obligación, en provecho del bienestar global o integral de la persona. Tan es esto así, que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 27, y referido a materia general y no solamente en cuanto a los derechos humanos, consagra la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, no pudiendo éste ser alegado para justificar el incumplimiento, o peor aún, el retiro, de un tratado internacional[19].

Desde otro ángulo, pero siempre en cuanto al ámbito internacional, cabe destacar que mal podría denunciar el Estado Venezolano la Convención Americana sobre Derechos Humanos, so pretexto de la falta de imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ésta última es una institución internacional prevista en el artículo 106[20] de la Carta de la Organización de Estados Americanos[21], de 1948, lo cual implicaría tener que denunciar también a ese tratado internacional hemisférico, so pena de comprometer su responsabilidad internacional, y lo que sería aún más extravagante, con ello se denunciaría también, si es que ello es jurídicamente posible, la misma Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano[22], de 1948, pues forma parte integrante e indivisible de la Carta de la Organización de Estados Americanos, como ha sido reiterada, pacífica y generalmente admitido por la doctrina comparada y las instituciones hemisféricas.

En definitiva, el Estado Venezolano tiene la obligación internacional de proteger los derechos humanos, en función por lo demás del principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que mal puede desarrollar un proceder que implique, para sus habitantes, una desmejora en su situación libertaria y garantista, en cuanto a la satisfacción de dicha obligación, sin comprometer su responsabilidad internacional, dentro o fuera del mecanismo institucional especial interamericano, sino incluso por cuanto corresponde a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin perjuicio de otras jurisdicciones supranacionales como la de la Corte Penal Internacional.

B) Y, por el otro lado, por lo que concierne al derecho interno, concentrándonos en el nivel constitucional, es menester partir, ante todo, de la conexión entre el plano internacional en el espacio de los derechos humanos y el orden constitucional, cuando de manera por lo demás contundente, y siendo en ello Venezuela ejemplo del denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, el constituyente, es decir la gente (el soberano real), en el artículo 23 constitucional[23], le reconoce indubitablemente jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, tal como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que prevalecen en el orden interno, siendo de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, de cuyo deber no escapa, al menos legítimamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[24].

Asimismo, el artículo 31 constitucional constitucionaliza por primera vez en la historia constituyente venezolana la figura jurídica del amparo internacional o derecho de petición internacional, cuando expresa, dentro de los derechos humanos, que toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, que es precisamente la situación de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos, debiendo el Estado adoptar, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de tales órganos internacionales.

Entonces, si olvidamos por un momento las conclusiones a las que arribamos al momento de tratar el tema desde la perspectiva del derecho internacional, y nos quedamos con la idea gubernamental simplista de que por razones de soberanía estatal el Estado Venezolano puede sin más denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no nos queda mas remedio que admitir, siendo intelectualmente honestos y siguiendo el espíritu y letra constituyentes, que teniendo dicho tratado internacional jerarquía constitucional prevaleciente en el orden interno, mal podría el poder constituido, que no es otro que aquel sobre quien recae el control de estas instituciones supranacionales, servirse de semejante subterfugio para escapar al cumplimiento de sus obligaciones internacionales para el goce efectivo de los derechos humanos de las personas, sin afectar de ese modo el bloque de la constitucionalidad, impuesto por el pueblo en función constituyente, en resguardo de su libertad.

En otras palabras, lo que discutiblemente habría sido posible entre 1977, ratificación de la Convención, y 1999, aprobación vía referendo de la nueva Constitución, ya no es admisible, dada la mentada jerarquía constitucional reconocida a esta Convención.

Claro que tener jerarquía constitucional no significa que ese texto internacional y otros de la materia de derechos humanos formen parte o integren al texto constitucional o Constitución racional normativa, sólo que tienen ese rango jurídico por mandato de dicha Constitución. Es por esto que no asumimos que para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos hubiese que emplear alguno de los mecanismos establecidos en la Constitución para su modificación o sustitución por otra, cuales son la enmienda (artículos 340 y 341), la reforma (artículos 342 a 347) o la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (artículo 348), lo que sí sería menester en caso de querer alterar la letra del artículo 23, para quitarle esa jerarquía constitucional, o la del artículo 31, para eliminar la previsión del amparo internacional o derecho de petición internacional.

Empero, entendemos que ello no sería posible en razón del principio de progresividad de los derechos humanos, pues habiendo adquirido jerarquía constitucional y prevalencia sobre el orden interno los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y estando consagrado como uno de los derechos humanos el amparo internacional o derecho de petición internacional, mal podría retrocederse o volverse a estadios previos superados y menos libertarios, reduciendo el radio de protección normativa y la envergadura de la garantía constitucional de tutela alcanzados con semejantes dispositivos.

En todo caso, el aseguramiento jurídico positivo de esa imposibilidad, o reforzamiento de dicho principio de progresividad, vendría dado por el hecho normativo de que no es posible afectar la letra constitucional, bajo ninguna de las modalidades previstas, sin que el resultado sea a la final aprobado en referendo popular. En un llamado al sentido común, sería inimaginable que el pueblo votara a favor de disminuir las garantías de protección de sus derechos humanos, eliminando las trabas o allanando el camino para que el poder constituido, el Estado, es decir, el vulnerador de sus libertades se encontrase a sus anchas, al margen del control supranacional.

Por otro lado, pero en la misma perspectiva, si ciertamente Venezuela fuese una democracia participativa y protagónica, que reconoce la trascendencia de la persona sobre el poder, es obvio que el gobierno, lejos de someter el tema de la eventual denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a ese parcializado Consejo de Estado, tratándose de una materia de evidente trascendencia nacional, tendría que haber sometido el asunto a un referendo consultivo, acorde con el artículo 71 constitucional[25], aunque una de las paradojas de esta pretendida democracia participativa, consagratoria del derecho humano a la participación, previsto en el artículo 62 constitucional[26], es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ya estableció en algunos fallos que las resultas de un referendo consultivo no son vinculantes para el gobierno. ¿En quién reposa la soberanía entonces?

En definitiva, quede bien entendido que, si la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, siendo el bloque de la constitucionalidad de obligatorio e indefectible cumplimiento para el poder constituido, vale decir, para el Estado, mal podrían las diversas ramas del poder público actuar como lo vienen haciendo, en detrimento del marco dogmático principista y humanista de la Constitución, cuando su artículo 7 consagra, sin lugar a dudas ni margen de error, el principio de supremacía de la Constitución, al estatuir que: La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Siendo lo anterior reforzado por el artículo 137 constitucional: La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

La voluntad del constituyente es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tenga jerarquía constitucional y prevalezca en el orden interno, y el gobierno, como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y demás entes públicos, han de someterse o sujetarse a esa normativa, sin más, máxime cuando estamos hablando de la que es garantía de la libertad humana.

En este orden de pensamiento, es curioso que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mencione el principio de colaboración de los poderes a la hora de sugerir al Poder Ejecutivo Nacional que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando el artículo 136 constitucional, consagratorio de tal principio, condiciona tal colaboración a que ello se haga para el logro de los fines del Estado[27].

Y decimos que ello es curioso o llamativo, por sorprendentemente preocupante y alarmante, en razón de que el artículo 3 constitucional, al definir los fines del Estado, calificados por lo demás de esenciales, hace expresa mención a los derechos humanos. Veamos: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.

Cómo podría el Estado Venezolano perseguir el fin esencial de garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, dentro de lo cual se encuentra precisamente su obligación nacional e internacional de proteger los derechos humanos, y ello defendiendo y desarrollando a la persona, con respeto de su dignidad, denunciando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y prevalencia sobre el orden interno, eliminado con ello la garantía última y más poderosa, cual es el control supranacional cuasi jurisdiccional???

Tal proceder de la deslegitimada denuncia no sería más que una burla a la libertad de las personas.

Parece que el gobierno, no obstante haber sido promotor del cambio constitucional, no logra entender la trascendente magnitud libertaria del desiderátum constitucional. No volvamos sobre los dispositivos ya comentados, pero si hagamos mención del artículo 2 constitucional, en el cual, tras declarar a Venezuela como un Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, expresa que ese Estado propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, una serie de derechos humanos, individualmente considerados, como lo son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social (solidaridad o fraternidad), para terminar con una mención general a la preeminencia de los derechos humanos.

Qué entenderán estas autoridades por preeminencia? Se darán cuenta que ello no tiene excepción, por lo que pasa por encima de la soberanía estatal[28] y el orden interno?

Coronemos esta enumeración de las principales normas constitucionales en materia de derechos humanos, para dejar suficientemente clara la posición que el constituyente quiso adjudicarles, con la mención de la previsión de la cláusula del número abierto (artículo 22[29]), que no deja derecho humano alguno sin resguardo garantista; la sanción de nulidad que ineluctablemente ha de recaer sobre cualquier acto del poder público lesivo a los derechos humanos, con responsabilidad funcionarial penal, civil y administrativa (artículo 25[30]); la obligación estatal de sancionar los delitos contra los derechos humanos (artículo 29[31]); y, la obligación estatal de indemnizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 30[32]).

Claro que dejamos de último, para su comentario especial, el dispositivo consagratorio del ya mencionado varias veces principio de progresividad de los derechos humanos, que es el artículo 19 constitucional, del tenor que sigue: El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.

Sencillamente, cómo puede pensarse honestamente en la satisfacción de los requerimientos del principio de progresividad de los derechos humanos, si hoy, contando con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que conduce a la instauración y funcionamiento de instituciones cuasi jurisdiccionales supranacionales, mañana, en lugar de abogar por la profundización de los mecanismos jurídicos que harían mas eficazmente ejecutables las medidas cautelares y recomendaciones y las sentencias de la Comisión y de la Corte Interamericanas de los Derechos Humanos, o que deslastraran al sistema de las imperfecciones que puede venir presentando, por ejemplo, sencillamente ya no disponemos de un tal sistema, ni mejor ni peor.

De nuevo apelando al sentido común: eso es avanzar? Es decir, progresar o desarrollar la progresividad?

En consecuencia, existe claramente una obligación estatal, de rango constitucional, de proteger los derechos humanos, dentro de un marco normativo muy preciso, por lo que la posibilidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la luz del derecho interno, también resulta de suyo imposible, por antijurídica e inconstitucional.

  1. 2.        Aspectos Éticos:

Todas las normas previamente analizadas de nuestro derecho positivo constitucional descansan, necesariamente, sobre una serie de dogmas, valores y postulados metajurídicos, de los cuales los preceptos de derecho no son más que herramientas de aseguramiento de su cumplimiento en provecho de la sociedad, para quien los mismos resultan queridos, a manera de garantizar o tratar de garantizar unas condiciones o calidad de vida que permitan a las personas desarrollarse libremente, no solamente en cuanto a sus derechos civiles y políticos (individuales), sino también por lo que concierne a sus derechos económicos, sociales y culturales (colectivos) y sin olvidar los que les corresponden como integrantes de la humanidad, como derechos de los pueblos, como la paz y el ambiente sano.

Una primera aproximación al descubrimiento de esos valores fundamentales, dentro de los cuales obviamente destacan preponderantemente los derechos humanos, la podemos hacer desde el preámbulo y la exposición de motivos de la Constitución que nos rige desde 1999.

Así, en el preámbulo podemos leer la siguiente declaración, acerca del móvil de la actuación del poder constituyente (el pueblo venezolano):con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.

Esta hermosa pieza literaria nos revela, tanto en menciones concretas, como en manifestaciones generales como esa de la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, el marco valorativo desde el cual hemos de interpretar y aplicar los mandatos constitucionales.

Lo mismo cabe decir desde la exposición de motivos, en donde dentro de un elenco extremadamente rico de referencias a los derechos humanos, a nuestros fines hemos elegido estas líneas: Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos.

Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Esta es la esencia valorativa constitucional, por lo que estando incursionando en aspectos éticos, es decir, en poder evaluar el comportamiento o actuar de los órganos de las distintas ramas del poder público, a objeto de poder precisar si se han conformado o no a estos fines supremos, de modo de entender que obraron bien si así lo hicieron y mal de lo contrario, corresponde ahora, más que concluir en la antijuridicidad o en la inconformidad a derecho de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cosa que ya hicimos en cuanto al derecho internacional y al derecho interno, se trata de observar si tal denuncia implicaría una conducta moralmente reprochable o loable.

De plano aceptamos que un obrar contra derecho es o ha de ser moralmente reprochable, pero insistimos en que esa no es la perspectiva que encaramos ahora. Ensayamos de escapar un poco de los moldes del derecho positivo, para incursionar en un planteamiento con una pincelada filosófica.

Empero, visto el amplio enfoque humanista y iusnaturalista de nuestra Constitución, no debemos perder de vista, para comenzar por allí, que el texto fundamental hace explícitas menciones al tema de la ética, casualmente en dispositivos estrechamente ligados a los derechos humanos, como ocurre, ante todo, con el mismo artículo 2, en donde se propugna a la ética como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado.

Posteriormente, el artículo 227 prevé la existencia de un Código de Ética del Juez Venezolano por el que se regirán magistrados y jueces; el artículo 274 encarga a los órganos del poder ciudadano investigar y sancionar las acciones contrarias a la ética pública y la moral administrativa; y, el artículo 280 dispone que el Defensor del Pueblo deberá reunir condiciones de honorabilidad, ética y moral.

En consecuencia, en el plano jurídico, aunque ello no haya sido en forma alguna desarrollado a cabalidad, lo que se tiene claro es que los funcionarios de los distintos entes que componen las ramas del poder público han de conformar su actuación a los rigores de la ética, pero sin que se establezca una idea clara de lo que eso significa.

Entonces, saliendo ya de ese punto de partida, de carácter ius positivista, conviene explorar lo conceptual definitorio, de modo de asumir de la idea de que la ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, vista ésta como la precisión acerca de si las conductas humanas pueden ser o no tildadas de buenas, a la luz de lo que sean relativamente los valores, pensares, sentires, costumbres y juicios generales de una sociedad determinada.

Si esto es así, y vimos que los valores esenciales o superiores del ordenamiento jurídico migran hacia la tutela de la plena satisfacción de los derechos humanos, como cometido central de los órganos del poder público, entonces podemos concluir que cualquier comportamiento o actuación de un funcionario público que atente contra alguno de los derechos humanos en particular, o peor aun, contra uno de los principios generales del derecho de los derechos humanos, cual es el consabido principio de progresividad de los derechos humanos, será contrario a la ética de la sociedad venezolana, plasmada en su marco valorativo normativo supremo, tachable de esa forma de inmoral, por tratarse de algo malo, reprochable.

Y la razón inmediata que explica el por qué podemos afirmar que semejante actuación sería inmoral, por mala, radica en que se afectaría de ese modo la dignidad de la persona humana, la cual, con independencia de su alcance definitorio relativo por la diversidad cultural planetaria, es el parámetro, al entenderla respetada o alterada, que nos permite aceptar que la conducta evaluada fue buena o mala, y con ello ética o antiética, y con independencia de si ese comportamiento aparece simultáneamente como jurídico o antijurídico. Aunque en esta materia de los derechos humanos, visto como se enlaza permanentemente lo ético con lo jurídico, es común que el quehacer moralmente cuestionable sea contrario a derecho.

En efecto, aunque sin interpretación auténtica por parte del constituyente, la idea de dignidad humana figura numerosas veces en la Constitución que nos rige, como puede apreciarse de sus artículos 3 (el respeto a la dignidad de la persona como fin del Estado), 46.2 (la dignidad inherente al ser humano de la persona privada de libertad), 47 (la inviolabilidad del hogar doméstico por la dignidad del ser humano), 55 (los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar la dignidad de la persona), 80 (dignidad de los ancianos y ancianas), 81 (dignidad de las personas con discapacidad o necesidades especiales) y 91 (derecho de quien trabaja a un salario que le permita vivir con dignidad).

Llegados a este punto, sólo resta preguntarse si con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Estado Venezolano estaría irrespetando la dignidad humana, y con ello incurriendo en un comportamiento o actuación moralmente reprochable, por malo, o por el contrario, propendería a promover el apuntalamiento de esa dignidad del ser humano.

En otras palabras, estaría el Estado Venezolano haciendo lo correcto?

Imposible continuar adelante si no se plantea el motivo esbozado por autoridades venezolanas para explicar su propuesta de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, ya no se trata de analizar los alegatos ya revisados, en cuanto a lo jurídico, de si la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, con sus decisiones, violan la soberanía estatal o si lesionan el derecho interno, lo cual ya fue argumentativamente descartado, a la luz de consideraciones tanto del derecho internacional como del derecho interno.

Tampoco le damos importancia en este enfoque, por lo aclarado en párrafos anteriores, a si obrar de esa manera, denunciando la Convención indicada, implicaría para el Estado Venezolano un actuar claramente cuestionable en lo jurídico, que al lesionar, entre otros aspectos, el principio de progresividad de los derechos humanos, acarrearía lesiones al debido respeto de la dignidad de la persona humana, recayéndose con ello, también, en un situación por mucho moralmente reprochable.

En realidad, el meollo del discurso actual de nuestro estudio se encuentra en que los funcionarios gubernamentales han expresado que sería necesario denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder, a su juicio, eludir ser objeto el Estado Venezolano de enjuiciamientos por parte, principalmente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad a la cual tildan de parcializada con los intereses imperiales hemisféricos de los Estados Unidos de América, y en contra, por tanto, de los derechos del Estado.

En otras palabras, alegan que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no garantiza el derecho al debido proceso del Estado Venezolano, que implica el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Como apoyo a ese asunto, expresan que el presidente de dicha Comisión o uno de sus miembros mostró simpatías con el gobierno ilegítimo tildado de golpista que se instauró en Venezuela en 2002, sin brindar protección al presidente constitucional del país.

Lo cierto es, si dejamos de lado los aspectos políticos esbozados, y obviamente sin tomar partido a favor o en contra de lo dicho, puesto que asistimos a una investigación de carácter académico, es que las autoridades venezolanas tienen razón, totalmente, en cuanto al planteamiento teórico de que todos, incluido el Estado, debemos ser juzgados por entidades jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, nacionales o supranacionales, que sean imparciales, como garantía de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial o jurisdiccional o cuasi jurisdiccional efectiva.

Sobre eso no cabe ni puede caber duda alguna. Sin embargo, existe realmente la tal parcialidad de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que haría que todo asunto que le llegue, si es una denuncia de violación de derechos humanos en contra del Estado Venezolano sea, sin más, decidido en su contra?

Ante todo, habría que hacer un análisis estadístico sobre las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericanas de los Derechos Humanos, al menos desde 2002 hasta la actualidad, para saber si efectivamente se decide o se falla sistemáticamente en contra del Estado Venezolano, e incluso yendo un poco más al fondo de cada caso, para establecer si, a pesar de ello, hubo o no en la realidad la violación denunciada de derechos humanos.

Sin ese estudio no hay soporte alguno para semejante argumento de parcialidad, mientras que los principios de buena fe y de confianza legítima obligan a tener al organismo como imparcial, salvo prueba en contrario. Es decir, se debe probar la parcialidad o falta de imparcialidad por parte de quien la alega.

En este orden de ideas, si se sospecha, por no estar fehacientemente probada, que existe esa parcialidad del juzgador, lo que corresponde, lo correcto, aventurémonos a decir lo ético, no es ni puede ser que el legitimado procesal pasivo, quien podría ser culpable, opte por retirarse del ente juzgador, escapando de ese modo a la acción de la justicia, sino que su representante legal haga la denuncia formal de parcialidad, recusando al o a los miembros o a la totalidad de los integrantes del órgano juzgador colegiado, para que encontrándose probada plenamente esa parcialidad, se proceda a la sustitución del o de los miembros del ente, o a la constitución de un ente ad-hoc, encargado de ese juzgamiento o investigación, asegurándose de ese modo la imparcialidad del juzgador, sin que el denunciado escape a la acción de la justicia, sea al final tenido como culpable o como inocente.

No obstante, ninguna noticia ha podido hallarse acerca de si el Estado Venezolano procedió a recusar al o a los miembros o a la totalidad de los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a quienes acusa de parcialidad.

Esta situación la asumimos como reñida con un comportamiento bueno, calificable de moral o ético, más bien reprochable por deshonesto, a mas de injusto para con las víctimas actuales y potenciales de derechos humanos por parte del Estado Venezolano, el cual estaría de ese modo irrespetando la dignidad de la persona humana.

A mayor abundamiento, se destaca que el tratamiento informativo del tema, por parte de los voceros gubernamentales, no incluye noticia acerca de que los integrantes de la Comisión y de la Corte Interamericanas de los Derechos Humanos no son designados por los Estados Unidos de América, ni por ningún otro Estado en particular, sino que, conforme a las previsiones al respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenidas en los artículos 36 y 37[33] y 52 y 53[34], cada Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) presenta una terna a la Asamblea General del ente hemisférico, el cual está integrado por embajadores representantes de los mismos Estados miembros, quienes los eligen en votación secreta.

Esa es la situación institucional, no pudiendo los Estados Unidos de América (país que ni siquiera se parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), ni ningún otros Estado miembro de la O.E.A., imponer nombres para su elección. Así, El Estado Venezolano, que conoció antes de la elección todos los nombres propuestos, de haber encontrado alguno de quien sospechase animadversión, no solamente pudo no votar por ellos, sino que incluso pudo objetar argumentadamente su participación en la elección, antes de la votación. Y, obviamente, también ha podido, tras la elección y con vista de las actuaciones de cada quien, en un proceso concreto, recusar con las pruebas necesarias a quienes ya en el cargo no garanticen imparcialidad. La recusación no está expresamente prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero se encuentra presente en la teoría general del proceso, dentro del derecho procesal comparado, y es una garantía de la imparcialidad, como aseguramiento del goce pleno de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

De este modo, no podemos más que asumir o suponer que el Estado Venezolano no recusó quienes pretende son parcializados en contra del país, o de su gobierno, y persigue, con ese pretexto y sin haber hecho uso de los mecanismos institucionales de respaldo al buen funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, simplemente irse, retirarse, en pos de la impunidad frente a la violación, en materia de libertades, no solamente de la Convención misma sino también de su propia Constitución, lo cual no es ni puede ser visto, honestamente hablando, como algo bueno o ético.

Y si a la idea de justicia vamos, que también se envuelve en estos temas, es obvio que, de haber tal parcialidad, no sería lo que corresponde a las víctimas actuales y potenciales de violación a sus derechos humanos, quedar carentes de instituciones supranacionales de control sobre el respeto de la obligación nacional e internacional del Estado Venezolano de proteger los derechos humanos.

Finalmente, cuál es la reivindicada imparcialidad que se persigue supuestamente, si luego, al crearse al Consejo de Estado y asignarle como misión pronunciarse sobre si se debe denunciar o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se designan para integrarlo solamente a personeros del gobierno o ligados ideológicamente a él, incluso donde algunos de ellos ya han emitido criterio al fondo, como es el caso, resaltante, de la magistrada que preside al Tribunal Supremo de Justicia.

  1. III.              Conclusiones:

El análisis de las actuaciones gubernamentales y judiciales que fueron reseñadas, y su revisión a la luz de lo que son las normativas jurídicas internacionales y constitucionales a las cuales esas autoridades deberían estar irrevocablemente sujetas, para ser legítimas, y con consideración de elementos éticos acerca de lo que es el buen obrar humano, nos han permitido cumplir el objetivo trazado en la introducción, llegando a las siguientes conclusiones.

La concreción de la eventual decisión del Estado Venezolano, visto como poder público constituido, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, representaría una actuación nula, completamente antijurídica, tanto desde la perspectiva del derecho internacional público, por fraude a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, y vulneración de principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, como en cuanto al ángulo de visión del derecho interno constitucional venezolano, por violación, fundamentalmente, del principio de progresividad de los derechos humanos.

Y, al configurarse tal denuncia, en la práctica, como una violación del deber de respetar la dignidad de la persona humana, derivada de comportamientos calificables como malos, que pretenden justificarse en argumentos falaces que solamente buscan que las autoridades gubernamentales escapen al control supranacional, sin haber hecho uso de los mecanismos institucionales que habrían podido corregir las irregularidades que esbozan, es obvio que también se asiste a actuaciones inmorales, de cuestionable ética.

En ambos casos, tanto en lo jurídico como en lo ético, el camino solamente conduce al descubrimiento de un Estado en desacato a su obligación nacional e internacional de proteger los derechos humanos, en perjuicio solamente de quien se estiman paradójicamente representar, que no es otro que el pueblo, el de hoy y el de mañana, en una suerte de inequidad intergeneracional.

  1. IV.              Bibliografía:
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[1] Abogado, egresado Magna Cum Laude, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1983. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1987. D.E.S.S. en Derecho Ambiental, en 1988, y D.E.A. en Derecho Público, en 1989, de la Universidad Robert Schuman, Estrasburgo, Francia. Especialista en Justicia Constitucional, en 2006, y Especialista en Derechos Humanos y en Garantías Constitucionales, en 2007 y en 2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Doctorando en Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Profesor Agregado de Derecho Constitucional (pregrado) y de Contencioso Tributario y de Derechos Humanos (postgrados) de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor invitado en varias universidades dentro y fuera del país.

Diversos trabajos publicados en materia procesal tributaria, administrativa, ambiental y constitucional, nacional e internacionalmente, y también ha sido invitado como conferencista en eventos de interés jurídico.

Coordinador General de la Cátedra Libre y Voluntariado en Derechos Humanos UCV.

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal establecido en 1950.

Asesor, consultor y litigante en su práctica privada, en Alianza Profesional con la Firma Abogados Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo & Asociados.

abu@akrpt.com y albertoblancouribe@gmail.com

[4] Con evidente desacato de los mandatos contenidos en los artículos 31 de la Constitución (El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”), y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”).

[5]“Con fundamento en el principio de colaboración de poderes (artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión”.

[6]Artículo 2 de la Constitución: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, …, la preeminencia de los derechos humanos….

[7]El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión.

La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones”.

[8]“El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante designado por la Asamblea Nacional; un o una representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios estadales”.

[10] “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.

[11] Vistos éstos, siguiendo a Mauro Cappelletti (citado por Hitters: 2009), como dimensión supranacional del derecho del proceso y de la justicia. O, como el mismo Hitters: 2006: “que el respeto de las libertades humanas logre un nivel metanacional y uniforme (lex universalis)”. 

[12] Artículo 7:La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

[15]La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado”.

[16]La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar: a) conforme a las disposiciones del tratado”.

[17]Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes”.

[18]Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

[19]El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

[20]Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia”.

[23]Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

[24] Es de descollar que la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ese vaivén que ha en mucho caracterizado su jurisprudencia, ha ubicado a los tratados internacionales dentro de un concepto defendido por el autor de estas líneas, pero sin asidero en nuestro derecho positivo ni plena aceptación doctrinaria, cual es el de “bloque de la constitucionalidad”, cuando en su sentencia Nro. 23 del 22 de enero de 2003, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, caso recurso de interpretación del artículo 71 de la Constitución, referido al referendo consultivo (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/03-0017.htm), expresó: “Dicho proceso de profundización de la cultura democrática del pueblo venezolano, vía proceso constituyente y Constitución, se ve además reforzado en sus propósitos por el marco jurídico internacional, suscrito y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos humanos, siendo ejemplo de ello lo dispuesto en los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de Hombre, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrantes todos ellos del llamado bloque de la constitucionalidad de acuerdo con el artículo 23 del Texto Fundamental”.

[25]Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”.

[26]Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

[27]Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

[28]Seguramente vale la pena poner de manifiesto que he venido utilizando concienzudamente la expresión soberanía estatal, cuando he hecho referencia al argumento gubernamental, para escapar a la manipulación conceptual que pretende asimilarla a la de soberanía popular, a la cual sin duda el poder público (Estado) se encuentra sometido. Precisamente, si de soberanía popular se trata, es el pueblo en función constituyente quien fijó todos estos límites insuperables para el poder constituido. No en balde el artículo 5 constitucional dispone: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

[29]La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

[30]Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

[31]“El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

[32]“El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.

[33]Artículo 36: 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 37: 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado”.

[34]“Artículo 52: 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53: 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente”.

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