Catedra Libre De Derechos Humanos

UCV

¿Son todos los derechos constitucionales derechos prestacionales?

Posted by clddhh.ucv en abril 12, 2013

Por: Luis A. Herrera Orellana

Prof. De Derecho Administrativo UCV

 

Tal y como tiempo atrás se incurrió en Venezuela en el error de calificar a todo acto dictado por órganos de cualquier rama del Poder Público al realizar actividad administrativa como un acto administrativo como condición para su pleno control judicial (es un error pues no es necesario que un acto tenga ejecutividad y ejecutoriedad para que esté sujeto a tal control), hoy día se incurre en un error similar, quizá con consecuencias aún más negativas para la libertad individual y la vigencia del Estado de Derecho, cuando se sostiene que ya no rige la distinción entre derechos de libertad y derechos ‘sociales’ porque todos los derechos constitucionales (fundamentales, humanos) son derechos prestacionales (o sea, dependen de prestaciones estatales para ser disfrutados) y que de rechazar esa distinción depende la justiciabilidad de los derechos sociales (educación, salud, vivienda, trabajo, etc.).

 

Se trata de un error porque al apoyar una tesis jurídica que pretende dar garantía judicial a un conjunto de servicios, aportes y condiciones básicas para la vida digna (pero que en vez de derechos subjetivos son necesidades sociales atendibles mediante políticas públicas y no a través de sentencias), se pierde de vista que la eliminación de tal distinción sólo implica: ampliar casi ilimitadamente las potestades de los Gobiernos para configurar la vida social (sin que se satisfagan necesariamente las necesidad sociales) y anular la idea de derecho público subjetivo como ámbito de autonomía y límite inviolable del Poder Público.

 

Entre nosotros, Jesús María Casal sostiene tal tesis: “…se observa la tendencia a abandonar la tajante separación entre los derechos sociales y otros derechos constitucionales y a sustituirla por una adecuada precisión dogmática de las formas de operatividad y garantía de los derechos prestacionales (Los derechos fundamentales y sus restricciones. Caracas: 2010, p. 24)

 

La postura de Casal da soporte al cuestionable e inconstitucional criterio establecido por la Sala Constitucional (SC) en su fallo No. 1.049, de 23.07.09, en que se apoya la eliminación de la distinción entre derechos: “los derechos fundamentales en general, tanto los clásicos derechos defendidos por el pensamiento liberal, como los nuevos derechos, son todos derechos sociales en la medida en que a los poderes públicos le viene impuesto el deber de hacerlos reales y efectivos (…) Los derechos fundamentales como normas que son (…) no son más que mandatos de optimización (…) los derechos fundamentales relacionados con la industria, el comercio y la producción deben sufrir un proceso de enriquecimiento, de humanización, de socialización (…) El Estado Social es un Estado global, pues en él ‘ya no se trata  sólo, como en el pasado, de adoptar medidas concretas y aisladas para remediar la pobreza del proletariado (la llamada ‘política social’) o para corregir algunas desviaciones del sistema económico’; de lo que se trata bajo este modelo es de ‘dirigir la marcha entera de la sociedad, y aun de modificar su estructura misma para hacerla más justa y para extender el bienestar a toda la población’”.

 

Ambas posturas, la de Casal y la de la SC, son tributarias de un enfoque del Derecho al que se llama Neoconstitucionalismo (al que aludió Arcadio Delgado en su confesional Discurso de Orden de Apertura Judicial 2012), una de cuyas premisas es el abandono de las reservas ante el Poder estatal y el apoyo a éste para asegurar los derechos fundamentales (P. Comanducci, Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, 2009, p. 95).

 

Quienes piden eliminar la distinción no aceptan pues lo dicho con acierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal” Corte IDH La Expresión ‘Leyes’ en el Artículo 30 de la CASDH. Opinión Consultiva OC-6/86 del 09.05.86. ¿No es más responsable reafirmar la distinción y buscar formas no demagógicas de promover los ‘derechos sociales’, sin poner en peligro la inviolabilidad y autonomía de los derechos de libertad?

 

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